ESCUELA E IDEOLOGÍA (I)

 

René Maltête [Fantomatik blog]

Véase aquí.

CIRUGÍAS

 

John Coulthart [feuilleton blog]

LITERATURA CIPOTUDA

 

Manfred Hirzel [blog Weimar art]

Véase aquí.

DESABASTECIMIENTOS

 

Boris Becker [Art Blart blog]

REVISTA DE MEDIOS: Octubre de 2021

 

Friedrich Seidenstücker [Fantomatik blog]

Ignacio Ruiz Quintano se pronuncia sobre la ilegalidad de los sucesivos estados de alarma en el punto álgido de la pandemia: «Los partidos se saltan la ley (la defensa de todos contra uno) y la Constitución (la defensa de uno contra todos) por humanitarismo (“salvar vidas”, lo llaman: Bolinaga, Galhi, Covid…) […] El Congreso puede encarcelar ilegalmente (y sin consecuencias) a la ciudadanía porque lo que llamamos Constitución es una Carta Otorgada. La Constitución se impone de abajo arriba desde la libertad constituyente, y la Carta Otorgada se impone de arriba abajo desde el poder constituido, que otorga unas libertades individuales (no la libertad política), y por lo mismo que te las da, te las quita, como ha sido el caso. Constitución, en realidad, sólo hay una, la americana, escrita porque los fundadores venían escaldados de la “no escrita” de los ingleses: no querían un rey absoluto, pero tampoco un Parlamento absoluto, y con la pista que les dio Montesquieu (a un poder sólo otro poder lo detiene), dividieron la “soberanía” y separaron los poderes… para que los ciudadanos, en palabras de Madison, pudieran dormir tranquilos. Lo llamaron “democracia representativa”, de la cual en Europa estamos ayunos de lo que es y ahítos de lo que lo parece».

Carmona «retrata» las puertas giratorias del PSOE: «Nadie se indignó por el asalto a INDRA». Como señala el subtitular de la noticia, «el PSOE ataca a Carmona por su incorporación a Iberdrola. Pero fuentes del partido recuerdan que nadie dijo nada cuando se colocó a un dirigente del PSC en Indra o a Pepe Blanco y José Montilla en Enagás». El enfado en el partido más importante del régimen partidocrático parece debido más a la falta de oportunidad del momento, cuando se disparan los precios de la electricidad y el Gobierno de turno aparenta cargar contra las compañías del sector, que a un verdadero rechazo de la inercia de las «puertas giratorias» que grandes corporaciones del IBEX ejecutan incorporando a sus nóminas a antiguos políticos de los partidos que han servido a sus intereses.

Sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucionales ciertos aspectos del decreto del Gobierno de Rajoy sobre las cláusulas suelo, consensuado con PSOE y Cs, el jurista José Luis Escobar señala que tal normativa buscaba beneficiar a los bancos, ahorrándoles gastos, en vez de hacerlo con los súbditos afectados por el fraude de ley de dichas cláusulas. En todo esto subyace, según Escobar, la falta de separación de poderes, que sostiene la alianza del poder partidocrático —que elige a los miembros del CGPJ quienes eligen a su vez a los jueces del TS— con la oligarquía económico-financiera, que es para quien en realidad legisla.

Comentando unas recientes declaraciones de Felipe González sobre el populismo, Ignacio Ruiz Quintano señala lo siguiente: «Aclarémoslo para el españolejo joven: no hay más populismo que la democracia, definida por Lincoln en Gettysburg: “Gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”. […] Como en Europa no se puede hablar de demagogia, pues implicaría dar por sentada la democracia, la propaganda de los Estados de partidos llama populismo a la demagogia, y al consenso (método de gobierno de los oligarcas), democracia. La proverbial (y cultivada) ignorancia del españolejo en teoría política hace el resto, con las ideologías liberales inculcando a las masas la idea de que los asuntos públicos no son sus asuntos, salvo el acto de votar, y de “votar bien”, dicho por el Saint-Just de Puerta de Hierro (para Saint-Just la voluntad general no era la de la mayoría, sino la de los puros contra los que “amenazan la libertad”). La propaganda nacional viene llamando populismo a lo de Podemos y lo de Vox, aunque ninguno de estos dos movimientos ha hecho suyas, nunca, las dos vindicaciones del populismo o democracia: elección directa y separada del gobernante y un sistema electoral mayoritario, contra el proporcional de Gonzalón».

El economista Juan Ramón Rallo resalta que el «bono cultural» de 400 € que la actual facción estatal en el Gobierno promete a los jóvenes al llegar a la mayoría de edad para votar es un modo de comprar su voto. Afirma Rallo que se podría esperar que el partido no llegara al extremo de explicitar sus verdaderas intenciones, pero recuerda que ya anteriormente en votaciones en Aragón el mismo partido prometía una partida que fue publicitada explícitamente como recompensa a votarle. Los partidos del régimen no tienen empacho, pues, en utilizar el dinero del contribuyente en beneficio de su propia ambición de poder, ya que su función representativa de la sociedad civil es inexistente.

La Junta [de Andalucía] mantiene las grandes subvenciones de carácter nominativo a CCOO y UGT, que no han devuelto todavía el dinero defraudado en el pasado. Paco Núñez concluye su artículo citando al activista social Roberto Torres: «Personalmente, considero que los sindicatos deben renunciar a la financiación pública. No se puede servir al Gobierno y defender con lealtad, integridad y determinación a los trabajadores. Tienen que despegarse de la teta pública y aprender a vivir de las cuotas de los afiliados para recuperar la legitimidad y la confianza de los trabajadores. Es fundamental que la ética sindical sea el mecanismo impulsor de la renovación de los sindicatos mayoritarios. El sindicalismo independiente es el único camino para defender a capa y espada los derechos sociales». Tal ética sindical es imposible cuando los sindicatos citados, UGT y CCOO, encarnación bicéfala del antiguo sindicato vertical, son órganos del Estado al mismo nivel que los partidos, que son subvencionados por el súbdito-votante, y sólo atienden a los intereses de la clase partidocrática.

El politólogo Santiago Armesilla señala que la pérdida de músculo de la economía española estos últimos 50 años está ligada al sometimiento de la oligarquía política y económica al papel asignado a España por Alemania a través de la UE dentro de la llamada división internacional del trabajo, que ha llevado a la desindustrialización de nuestro país en favor de la aspirador alemana, que tiene a cambio donde mandar sus turistas y vender sus productos de alta tecnología. Con tal política, la oligocracia partidocrática demuestra su falta de carácter representativo de los intereses de la nación.

Indican Alberto Iturralde y Emilio Triviño que, recurrentemente, aparece la pregunta de si es necesaria una reforma constitucional, y dan su criterio acerca de las propuestas que surgen, cada vez con más frecuencia, para intentar corregir los fallos de nuestro sistema político. Tales proposiciones de reforma se dan cuando el régimen partidocrático entra en crisis, y sólo buscan reajustes parciales para que todo siga igual, al estilo leopardiano. Tales reformistas son, pues, los más conservadores, pues no conciben que, por cuestión de principio, no hay Constitución sin separación de poderes.

Vargas Llosa y su Fundación se muestran descarnadamente en el reportaje de Víctor Lenore, y a pesar de sus ansias de libertad indefinida, como un ente que afirma sin prejuicios buscar recaudación, y que se presenta rodeado de políticos del segundo partido del régimen, o marca blanca del PSOE, como dijo alguien, con lo que su denuncia de la cultura como una «dependencia estatal» queda más que en entredicho. La «cultura» como industria, y, en este caso, como abrevadero de patos más o menos mareados, resulta aquí en evidencia en cuanto que inseparable e inconcebible fuera de la tutela del poder partidocrático.

ESCRITORES Y PARTIDOCRACIA

 

Léase aquí.

REVISTA DE MEDIOS: Septiembre de 2021

 

Alan Feltus [Weimar art blog]

Sobre el tan traído y llevado tema de la recuperación económica en la pandemia, Luis Riestra señala que «como decía ZP y ahora su sucesor, «la economía tiene que estar al servicio de la política», de ahí que no se le conozca, por ejemplo, ni una sola política sectorial de futuro que facilite al sector privado sacarnos de esta crisis, sino meras ocurrencias o plagios. ¿Y a quién sirve la política? Pues a una oligarquía de partidos estatales y a un establishment cómplice de sus desmanes, no a los ciudadanos, tema que hemos tratado aquí extensamente. Este «orden» perverso debió caer en la anterior crisis, pero lo salvó la UE, como ahora, y hasta que no cambie dicho orden habrá que padecer el expolio de su enorme ejército de parásitos, endeudamiento público, disfuncionalidades, ocurrencias ruinosas y delirios constantes. Ese es el gran enemigo de la recuperación española».

Tratando del manido concepto de populismo difundido por los medios oficiales, Ignacio Ruiz Quintano indica que «su idea es meternos en la chola que la democracia no es el juego mayoría-minoría (¡populismo!), sino el consenso político (eufemismo de reparto, es decir, de corrupción), fórmula de gobierno de la oligarquía de partidos para garantizarse el tuya-mía (tiquitaca y pase atrás) de la estabilidad. La inestabilidad del momento es consecuencia del solapamiento de consensos: el del 78, moribundo e invocado por los autodenominados “constitucionalistas”, y el separatista, engordado como un tudesco, rampante y seguramente final, aunque la gente de orden, que vive en el Estado de Inocencia, antes de la Caída, cree que no hay derecha “mala”, y que, en consecuencia, ninguna derecha lo apoyará».

Es el mismo concepto de falsa democracia que Estados Unidos intentó «exportar» a Afganistán, cuyo precipitado abandono incendió los medios a finales de agosto, y sobre el que se pronuncia el mismo Quintano: «Al crimen de las Torres Gemelas respondió Bush llevando la democracia a Afganistán y a Mesopotamia, con Blair tirando octavillas de la Tercera Vía de Anthony Giddens, y Aznar, copias de la Transición de Victoria Prego. Lo de llevar la democracia como quien lleva a San Roque por el mundo fue cosa de Wilson, que no halló mejor pretexto para justificar ante su opinión pública el envío de tropas a la guerra del 14. En eso los gringos eran como el perro de Paulov: oían “defender la democracia” y corrían a alistarse. Pero la democracia que exportan los gringos no es la suya (después de todo, la única que ha habido), sino el viejo tiquitaca canovista de dos partidejos jugando al tuya-mía, y para el papel de Romero Robledo (el señor que amañaba los resultados) escogieron el famoso sistema proporcional que impusieron al continente europeo después de Normandía para controlar la Guerra Fría. En el periodismo español ya he oído que el problema de Afganistán es que falta… consenso».

La multitelevisada reaparición de los talibanes en Kabul ha revelado, según Guadalupe Sánchez, las contradicciones del feminismo institucional: «El velo islámico es, ha sido y será un símbolo de que no somos más que una pertenencia. Por eso atenta frontalmente contra los derechos humanos y las libertades fundamentales del individuo que conforman los cimientos de las civilizaciones occidentales contemporáneas. Que desde las instituciones nacionales y europeas se esté promoviendo su uso en nombre del feminismo, la inclusividad y la diversidad constituye una aberración no sólo jurídica, sino también ética y moral. El retorno de los talibanes al poder en Afganistán ha traído a la palestra, en el mejor de los casos, un silencio atronador por parte del feminismo institucional. En el peor, ha evidenciado el cretino intento de equiparar la situación de las mujeres de allí con las de aquí, soslayando que lo que en occidente responde a tradiciones o costumbres que algunas siguen voluntariamente, en medio oriente es una imposición. En España, la Biblia no es fuente de derechos y obligaciones, mientras que en Afganistán y otros países donde rige la ley islámica, el Corán sí que lo es».

La Consejería de Salud Andalucía aduce motivos que justifican la eliminación de todas las agencias empresariales y otros entes de la Junta de Andalucía. Tras analizar estos motivos y referir las entidades afectadas, Luis Escribano señala que «la reducción del gasto público (personal, sedes y contratos para su funcionamiento, etcétera), la disminución de la corrupción, la racionalidad organizativa y la eficiencia que se conseguiría con la extinción de los entes instrumentales y el despido del personal laboral innecesario, entre otros aspectos, serían muy considerables a corto-medio plazo para la Junta de Andalucía, es decir, para la inmensa mayoría de los andaluces. Sin embargo, el gobierno andaluz no para de repetir el mantra de la imposibilidad de extinguir determinados entes instrumentales (sólo hablan de fusiones, que nada solucionan) o de despedir al personal de esas agencias empresariales —y fundaciones, sociedades mercantiles, etcétera—. […] Es evidente que el objetivo político de los partidos políticos es otro muy distinto al del interés general. Seguirán con el engaño a los ciudadanos con el único fin de no perder votos o conseguir más, con el fin de perpetuarse en el poder y mantener los privilegios. Concluyo, y aprovecho para reiterar la misma advertencia que siempre hago y seguiré haciendo: a todos los partidos políticos sólo les interesa un sistema en el que puedan abusar del poder sin consecuencias negativas para ellos (partidocracia), porque detrás hay un modo de vida muy privilegiado».

El gobierno promete 144 leyes y decretos antes de fin de año «para que la recuperación sea justa». La hiperinflación legislativa es una de las características del totalitarismo democrático de los Estados de partidos, que sustituye legislación por derecho en su afán de control total sobre la vida de los súbditos. Como señala Dalmacio Negro, «en la práctica, la burocracia, velando por el bienestar de los administrados produce la frondosa y cambiante legislación ejecutiva: se institucionaliza la revolución legal permanente congruente con la movilización total, que genera una incertidumbre y una inseguridad crecientes. Hasta técnicamente las leyes son cada vez peores. […] Y, por supuesto, tienden a disminuir o desaparecer las formalidades administrativas que dan cierta seguridad al administrado, por no hablar del control judicial, sometido a toda clase de presiones e influencias, y que, por otra parte, tampoco es inmune al modo de pensamiento ideológico y al ambiente» (Dalmacio Negro Pavón, Historia de las formas del Estado: una introducción).

La falta de protesta «ciudadana» («30.000 vacunas perdidas —sin protestas; comité de expertos fake —sin protestas; satélite de 200M€ perdido —sin protestas; 230.000 negocios quebrados —sin protestas; SEPE inoperativo 20 días —sin protestas; crisis migratoria —sin protestas; desempleo juvenil del 40% —sin protestas») Ignacio Ruiz Quintano la considera un rasgo del sistema: «En el Estado de partidos no estamos representados (su propio creador presume de eliminar con él “todo vestigio de representación”), pues su función es la “integración de las masas en el Estado”, pastoreo del que se encargan los partidos para cerrar el paso a la democracia. Periódicamente, a derecha y a izquierda hay individuos que se descuelgan del sistema y, al pensar por libre, dejan de votar. Como la abstención es el único enemigo del Sistema, surgen Podemos a la izquierda y Vox a la derecha para devolver esos votos perdidos a la tolva estatal: basta con gritar demencialmente que viene el comunismo o que viene el fascismo para que los descarriados regresen a la hoguera campamental del Centro (¡la ilustración analfabeta del centro!), que es el Estado».

Bolaños deja a la vista la falta de división de poderes: «Los jueces no pueden elegir a los jueces». El diario Libertad Digital, que obvia que el PP no ha fomentado y realizado la independencia del poder judicial bajo sus Gobiernos, indica que este ministro del PSOE «acaba de un plumazo con la división de poderes —en realidad su separación—» (no se puede acabar con algo que no existe) al afirmar que «ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos» (falso, por otro parte, pues son los políticos en el parlamento los que eligen al presidente del gobierno, el órgano rector del poder ejecutivo). Tales declaraciones (donde no se sabe dónde empieza la ignorancia y dónde acaba el cinismo) se basan en el sofisma de que «a todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado. Todos derivan del voto libre de los 47 millones de ciudadanos» (confunde en su subconsciente totalitario a los habitantes del país con los votantes —sustentadores manipulados de su poder—, que, evidentemente, no pueden serlo todos potencialmente) y tienen «el objetivo de que el Poder Judicial tenga base democrática», insistiendo en que es el Parlamento, es decir, los «representantes legítimos de los ciudadanos», los que «tienen que elegir a los tres poderes». Nada cuentan, para este ignaro partidócrata la independencia de los poderes y el control mutuo que deberían ejercer entre ellos (difícilmente serán independientes unos jueces que son elegidos por políticos que son elegidos por los jefes de los partidos a los que los votantes se limitan a ratificar votando listas), como garantía de la democracia y de la seguridad de los ciudadanos, que tampoco cuentan, por ende, con «representantes legítimos», pues lo único que hacen es votar a partidos que les presentan listas sobre las que no tienen ninguna posibilidad de control, sin poder elegir tampoco en elecciones separadas al poder legislativo y al ejecutivo. Este apelación a la «base democrática» no es más que una llamada al orden de la «democracia» franquista, en la no había separación de poderes en origen, sino de funciones, como en el Estado de partidos actual que es heredero.

Ángel González Sánchez responde a algunas objeciones expresadas por Pedro Insua a la teoría de la democracia de Antonio García-Trevijano, buscando aclarar en especial el concepto de representación política. Ante la vaga variedad taxonómica que maneja aquél, el autor señala que «la enorme carga valorativa de la palabra democracia en el lenguaje natural ha de ser purgada cuando aludimos a ella de manera técnica». Recuerda que el concepto de esta forma de gobierno en García-Trevijano procede, en parte, de Alexander Hamilton, quien para evitar los excesos y desvaríos de la democracia directa de la Antigüedad «proponía como solución una “democracia representativa” en que una clase política de “personas escogidas”, temperaría las pasiones populares, al funcionar —esto ya en terminología de Trevijano, que la toma de Leibniz— a modo de principio de intermediación entre la sociedad civil y el Estado». A tal idea de la democracia vienen necesariamente asociadas la de la separación de poderes en origen y el control del representante por parte de los representados. Yerra, en fin, el Sr. Insua cuando afirma que el pacto de PSOE y Podemos es una prueba de la existencia de una democracia en España según Ángel González por dos razones: «Primero, porque no es función del poder ejecutivo la de ser representativo (más que ceremonialmente, del Estado), dado que la relación de mando entre este poder y el ciudadano, como Trevijano distingue, se da de arriba hacia abajo (el mandante es dicho poder estatal), mientras que en el legislativo de una democracia la relación de mando parte, en sentido inverso, del representado hacia el representante (el mandante es el ciudadano en su función de control al diputado del poder de la nación). Y segundo, este argumento de Insua prueba precisamente la tesis contraria, la de que en nuestro país no existe tampoco la separación de poderes, ni por consiguiente la democracia. Sólo puede llegar a haber pacto para formar un gobierno allí donde no existen elecciones separadas a la Presidencia del Ejecutivo, donde este poder se encuentra por tanto unido al legislativo ya en origen. Los españoles, efectivamente, seleccionan diputados elegidos por sus jefes y no pueden ejercer ningún control sobre ellos. Si no existe ningún freno formal al poder, que proteja del mismo a la libertad política, ¿qué democracia puede entonces haber? No alguna, ni poca, ni defectuosa, sino ninguna».

Paco Núñez recuerda que el PP, que tiene ahora el Gobierno regional en Andalucía, se jacta de la presunta falta de corrupción de su gestión, contra lo hecho antes por el PSOE, pero «este estado de confrontación permanente, típico de la partidocracia para moldear ultras en lugar de votantes reflexivos, se ha parado en seco hoy en el Palacio de San Telmo. De repente, Elías Bendodo ha rechazado la posibilidad de meterse con su rival político, Juan Espadas, que, recordemos, no está en el Parlamento de Andalucía actualmente. El motivo es vox populi: la lamentable declaración de su mujer, Carmen Ibanco, actual trabajadora del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y extrabajadora de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). Ibanco compareció el pasado viernes en la comisión de investigación sobre dicha fundación. Ibanco fue presuntamente enchufada en FAFFE mediante un contrato exprés y Bendodo no ha querido hacer leña del árbol caído. ¿Por qué?». Núñez ve dos posibles respuestas: «No sabemos si le ha llegado al corazón el 50 aniversario de la canción Imagine, de John Lennon, o si se trata de algún tipo de estrategia del PP (Moreno Bonilla también declinó hacer sangre diciendo que no quería caer en «la política carroñera») para que los árboles no dejen a la ciudadanía ver el bosque siniestro de la partidocracia». Para el periodista, en fin, la razón estriba en un maniobra de maquiavelismo electoral que demuestra la misma indignidad y corrupción partidocrática de sus promotores: «En un abrir y cerrar de ojos, Elías Bendodo se convirtió en un buen samaritano dispuesto a perdonar y olvidar. Señor Espadas, puede usted pasar de curso sin recuperación. No hace falta que su mujer dimita para favorecer su carrera por la A mayúscula. También permitiremos todos que usted siga como secretario general del PSOE, no le obligaremos a largarse. Miramos para otro lado y Santas Pascuas, porque es usted el enemigo más débil. «Ahora Andalucía es más sanchista que socialista», Bendodo dixit. Eso sí, esos ecuánimes y dialogantes señores con corbata y camisa azul que ahora le pasan la mano por el lomo, están afilando sus espadas para destrozarle el día de las elecciones. No quieren a otro. Le quieren a él».

Alberto Iturralde y Emilio Triviño señalan la nula responsabilidad que asumen los políticos por su mala gestión, que llegan incluso a ser recompensados por su incompetencia gracias al sistema de las llamadas «puertas giratorias». Así, el Gobierno de turno habla de reducir por decreto los beneficios de las compañías eléctricas, mientras no se toca el proceso de fijación del precio de la luz, y ni siquiera tales decretos tendrán un desarrollo efectivo cuando cesen de sonar los atabales mediáticos. Es la inexistencia de separación de poderes en origen lo que permite esta alianza del poder político oligárquico y la oligarquía económica.

LA COLA DEL PAN

 

Dorothea Lange (1933) [Art Blart blog]

REVISTA DE MEDIOS (Julio de 2021)

 

R.B. Kitaj [Spencer Alley blog]

Juan Espadas ofrece a Susana Díaz un puesto en el Senado. El nuevo jefecillo del partido regional ofrece un retiro dorado a la rival político, porque él puede, porque lo vale; porque en este Estado de partidos no existe representación política, y los cargos, sin ninguna vinculación efectiva con el votante —que no elector—, son utilizados para otorgar a los correligionarios un modo de vida, y una pensión vitalicia, sólo al alcance de los miembros de la clase política.

Señalan Alberto Iturralde y Emilio Triviño con ejemplos cómo los medios de comunicación mayoritarios, al servicio del statu quo partidocrático, consolidan una hegemonía cultural que hace que muchas veces comprobemos que la visión del mundo que intentan inculcarnos no tiene que que ver con la realidad que se desenvuelve ante nuestros ojos. Insisten, asimismo, en la fuerza del boca a boca en la defensa de la abstención electoral activa como modo de lucha pacífica contra el régimen.

En cuanto a la reducción de pensiones para los llamados baby boomers anunciada por el ministro Escrivá y desmentida casi en el acto, Ignacio Ruiz Quintano reflexiona que «Nuestra estadolatría (“esa ruindad española hecha de miedo, veneración y picardía ante los recursos del Estado”) inauguró Régimen en el 78: la Socialdemocracia, con una marca de referencia, el partido socialista, y su marca blanca, el partido popular. En palabras de Negro Pavón, con el cuento del Estado de Bienestar, el Estado socialdemócrata (la forma más desarrollada de totalitarismo en sociedades doctrinalmente libres) ha rebajado ya a las clases productivas a la condición de siervas de la “nomenklatura”, que es lo único que produce, al obligarlas a compartir con ella sus bienes y las rentas de su trabajo».

El gobierno andaluz propone pensiones vitalicias para los expresidentes de la Junta. La «oposición», ahora en el gobierno regional, propone estas pensiones vitalicias a las que antaño se opuso. Qué mejor prueba añadida de la existencia de una clase, la clase política partidocrática, que, traspasando las lábiles fronteras de las facciones del Estado, también conocidas como partidos, extiende su espíritu de solidaridad mafiosa —pues el historial de corrupción no es más que un mérito añadido— a la concesión de prebendas a tutti quanti.

Tras analizar in extenso el abuso de la temporalidad en el empleo por parte de las Administraciones Públicas, Luis Escribano concluye que «los partidos políticos pervierten las normas que ellos mismos aprueban, y lo excepcional lo convierten en lo ordinario, con una clara vulneración de derechos fundamentales de los españoles. Y la nación española lo admite como algo natural, aunque luego muchos de sus miembros no paran de quejarse del bajo nivel que tienen muchos empleados públicos. Si lo analizan con esmero, es una contradicción que la mayoría de españoles exija resultados de lo que en verdad depende de ella misma. El día que dejen de votar, podrán poner fin a estas aberraciones (…) Si observan con detenimiento, los partidos políticos españoles, que no dejan de ser partidos de Estado, no paran de moldear a su antojo dichos derechos y libertades fundamentales, usurpando al pueblo lo que le pertenece. Y ya saben que, el que otorga, puede quitar. ¿Hasta cuando dejará la nación española que los partidos políticos sigan mangoneando sus derechos o libertades fundamentales? ¿Qué más evidencias necesitan para poner fin a esta dañina partidocracia?».

Nuevo varapalo del Consejo de Transparencia a la Consejería de Salud [de la Junta de Andalucía] al estimar otra reclamación de Justicia por la Sanidad. Como señala Luis Escribano, «a estas alturas deberían saber que, en este régimen partidocrático, las propuestas que realizamos algunos funcionarios de carrera en aras del interés general son marginadas, y que los supuestos “derechos” que los partidos políticos introducen en las leyes y venden como buhoneros no son más que mera propaganda, dado que no se garantiza su efectividad. Además, quien hoy otorga derechos mañana los puede quitar, porque no es el pueblo español quien se los otorga a sí mismo, como ocurriría en una democracia formal. No hay más que observar cómo el sistema obliga a los ciudadanos a meterse en una vorágine de reclamaciones y recursos judiciales que no se resuelven hasta pasados unos años, con el único fin de llevar al hastío a los osados que pretenden acceder a informaciones públicas que las propias leyes reconocen como un supuesto «derecho». En esto consiste el cuento de la «regeneración democrática» que corean continuamente los políticos de esta partidocracia a los españoles, tal como indica de forma hilarante la denominación de la Consejería que dirige el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (C’s), una tomadura de pelo más a añadir a las tantas a las que tienen acostumbrados a los españoles, sin que estos reaccionen apropiadamente. Lo he reiterado muchas veces, y seguiré haciéndolo, porque en el futuro, algunos irán descubriendo que la mayoría de los españoles se mantienen atados con cadenas en la caverna a la que se refería Platón en su alegoría, y que mis palabras no son suposiciones sin fundamento».

Sobre la polémica desarrollada en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional en torno al estado de alarma, Ignacio Ruiz Quintano señala lo siguiente: «de “responsabilidad” (la que presupone que lo arbitrario está excluido del gobierno, sometido a una instancia diferente ante la que responder) habla en 1787 Alexander Hamilton, partidario de que cualquier tribunal de justicia declare nulos todos los “actos  contrarios al sentido evidente de la Constitución”, pero Hamilton no piensa en Conde-Pumpido, a quien Hamilton le suena a corredor de autos y que ha votado a favor del Gobierno en lo del decreto de alarma porque “la sentencia crea un grave problema político”. ¿Qué problema? ¿A quién?. La responsabilidad política viene incluida de serie con la democracia y está vinculada al principio de representación. Pero en el Estado de partidos, que es lo nuestro, prevalece el principio de identidad sobre el de representación, y el sistema proporcional hace de la responsabilidad política una tautología, cosa que ya sabíamos por quien lo advirtió en su día: “el consenso permite eludir la imputación de responsabilidades personales. Nadie responde en un consenso”».

Alberto Iturralde y Emilio Triviño indican que con el anteproyecto de reforma de la llamada Ley de Seguridad Nacional (que proviene de la iniciativa legislativa del gobierno, que anula así la que debería ser la potestad legislativa del parlamento como representante de la nación) se eliminan los controles judiciales sobre la labor del ejecutivo, que dispondría sin control de los bienes y haciendas de los súbditos (al parecer, incluso en un nuevo supuesto, el de crisis económica, según indica el jurista José Luis Escobar). Observan asimismo que ningún partido de la oposición ha levantado realmente la voz, pues esperan algún día usarla en su beneficio de acuerdo con su solidaridad de clase partidocrática.

CIUDAD DESOLADA

 

Carel Willink [Weimar art blog]