REVISTA DE MEDIOS (Junio de 2021)

 

Joseph Solomon (1921) [Spencer Alley blog]

De acuerdo con la idea nietzscheana de la eterna repetición de lo idéntico expresada en Así habló Zaratustra, Alberto Iturralde y Emilio Triviño hablan de los nuevos partidos, que, como savia nueva, vienen a injertarse, para renovarlo, en el árbol podrido del Estado de partidos. Tales agrupaciones de intereses encauzan la indignación que surge cíclicamente en la sociedad civil contra la corrupción sistémica de la partidocracia, y, tras integrarse plenamente en el régimen, vuelven a provocar la desilusión de los súbditos votantes, y una nueva indignación (que surge, como decía Antonio García-Trevijano, por ignorancia de sus causas) que será pastoreada por nuevas siglas partidistas, tal como ha ocurrido con Podemos y VOX.

Tras la caída de Robespierre, el nuevo gobierno le cambió el nombre a la sangrienta Plaza de la Revolución por el de Plaza de la Concordia. Al tiempo, se abrieron en todo París, como recuerda Antonio García-Trevijano, un gran número de salas de baile y restaurantes de lujo, donde los ricos que habían escapado a la guillotina y sus antiguos verdugos podían encontrarse. El cambio político fue saludado como un triunfo común de verdugos y víctimas, ansiosos de asegurar un nuevo régimen de poder que beneficiara a ambos. Es por eso que un joven Ortega y Gasset decía que había que echarse la mano a la cartera cuando se oía hablar a los políticos de «concordia». Ahora, el presidente del Gobierno partidocrático presenta la concesión de indultos a los políticos presos independentistas (Antonio García-Trevijano, parafraseando a Francis Bacon, decía que el indulto es peor que el mismo delito, pues incita a una masa de malhechores a marchar por esa vía abierta de impunidad) como un sacrificio en bien de la concordia, que hipócritamente hipostasiará en el corrupto consenso de nuestra partidocracia, es decir, la unanimidad en busca del reparto de las prebendas del Estado.

Alberto Iturralde y Emilio Triviño señalan que los indultos que va a conceder el actual gobierno para congraciarse con sus socios independentistas no se darían si existiera separación de poderes, que implicaría elecciones separadas para poder legislativo y ejecutivo, en este caso con una circunscripción electoral única. El presidente elegido contaría, pues, con una amplia legitimidad, que harían innecesarios estos pactos de la vergüenza propios de la partidocracia.

Como señala Luis Escribano: «muchos votantes del PP y Cs siguen creyendo, como buenos fans, que dichos partidos van a luchar contra la corrupción, ya sea propia o de otros partidos. Sin embargo, una vez más se demuestra, mediante otra prueba documental reciente a la que ha tenido acceso este medio, que dichos partidos no sólo no luchan contra la corrupción denunciando actos ilegales, sino que se ponen del lado de querellados que ocuparon cargos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la etapa del PSOE, tal como revelan ciertos autos judiciales. Dicho documento ha sido conocido el mismo día que se ha aprobado en el Parlamento andaluz la Ley contra el Fraude y la Corrupción y Protección de la persona denunciante, con los votos favorables del PP, Cs y Vox. Las mentiras tienen las patas muy cortas, y la estafa a la nación española se reitera una y otra vez por todos los partidos, como podrán comprobar a continuación. Ni estos partidos ni el resto lucharán contra la corrupción, porque de esta viven los partidos».

Ignacio Ruiz Quintano comenta un titular de «El periódico de las élites»: «como partido en un Estado de partidos, Vox sólo puede hacer dos cosas: política, que es conflicto (según la doctrina oficial, que no puede ser más franquista, el conflicto lleva a la guerra civil como el sexo lleva al infierno o el dinero lleva a la infelicidad), y entonces lo echarán del sistema; o consenso, que es pensar como los demás, sólo que después, y ocuparse de meter en el redil estatal a la derecha descolgada del sistema, y entonces recibirá su prebenda como la foca su sardina.

>> Pero Vox, según el periódico de las élites, «dinamita consensos», en plural, como corresponde a la «dictadura plural» que obedecemos. Diciendo «consensos» y «políticas» creen vender pluralismo político en la sociedad.

>> – Donde hay políticas, en lugar de política, reina el consenso —resume el hombre que más tiempo y talento dedicó a estudiarlo [Antonio García-Trevijano]—.

>> El consenso, nos avisa, es un acuerdo por unanimidad entre varias voluntades particulares que lo negocian en privado. El consenso, con eso, saca la política de su seno civil para meterla en el Estado, y reduce la libertad de los gobernados a elegir entre dos partidos prebendarios financiados con fondos públicos. El consenso, pues, no es un ente rusoniano de la voluntad general, como nos vendían Leibholz en Europa y García Pelayo en España, donde prosperan dos consensos defendidos por el periódico de las elites: el normativo, dominado por el cinismo, y el expeditivo, dominado por la hipocresía.

>> – Por el consenso normativo, los partidos transfieren al partido en el gobierno “el derecho de no oponerse” a su acción legislativa. Y por el consenso expeditivo, la oposición comunica al Gobierno su intención de no trabar los decretos que no merezcan su conformidad pública».

Arrimadas lleva a Bruselas el indulto de los secesionistas: viola la separación de poderes. Difícilmente se puede atacar o violar algo que no existe, como es la separación de poderes en la partidocracia española y europea. No hay separación de poderes en origen, sino separación de funciones, como ocurría en el franquismo: el poder legislativo (que legisla en nombre de la nación) no está separado del ejecutivo (que ejecuta, y promueve iniciativas legislativas, pero no legisla, como sí se hace y se afirma vergonzosamente aquí sin que nadie se lleve las manos a la cabeza), y la potestad o autoridad judicial ni se la menciona en la Carta Otorgada del 78, cuyo órgano de gobierno es determinado por los partidos del régimen.

Ignacio Ruiz Quintano comenta la retirada de placas conmemorativas de Pemán ocurrida en la ciudad de Cádiz por parte del ayuntamiento de la ciudad: «el escarnio de esta fanfarria está en actuar en nombre de una “memoria democrática”. Si aquí nadie ha visto la democracia (ni, por las trazas, la verá), la gamberrada de “ostraconear” a Pemán en nombre de la democracia, sistema de gobierno que no conciben, sólo es una versión chisposa del “Arbeit macht frei” (“El trabajo hace libre”) de los campos alemanes, o de “El trabajo os hará hombres” de los campos cubanos del Che, flamante dios tutelar de la Unesco, para “rehabilitación” de homosexuales». Ciertamente, cortinas de humo como esta arcaica damnatio memoriae para levantar polémicas estériles sirven a politicuchos del régimen, que serán olvidados cuando la fama del escritor aludido siga subsistiendo (como, salvando las distancias, la de Céline en Francia), para desviar la atención sobre su cuestionable gestión municipal.

El Consejo de Transparencia ordena al SAS y a la Intervención General que entregue a Justicia por la Sanidad documentos solicitados sobre control de gasto sanitario. Como señala Luis Escribano, «tanto el SAS como la Intervención General han incumplido la Ley de Transparencia, a pesar de la propagación pública del compromiso del gobierno del PP y Cs por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Es lo que tiene esta partidocracia: los partidos pueden mentir lo que quieran, dado que sus adeptos los seguirán votando irreflexivamente».

A vueltas del tema de los indultos, Ignacio Ruiz Quintano trae de nuevo a colación el criterio de Antonio García Trevijano: «– El indulto político es un crimen colectivo —repetía Trevijano, al hilo de una reflexión psicológica de Francis Bacon según la cual es más peligroso el indulto del delito que el delito indultado, pues, si se indulta a un delincuente, el ejemplo político es que se indulta de antemano a una turba de malhechores que saben que pueden obrar como el delincuente sin que les pase nada—.

>> Y comparaba estos indultos con las bulas para las cruzadas, que perdonaban los pecados del pasado y los pecados a cometer en el futuro. La cultura que nos ha traído aquí es el Consenso de la Transición, que suspendió el Código Penal para los delitos políticos tan graves como la sedición. En ese Consenso de bulderos han estado (y están) todos los partidos».

MI NUEVO ARTÍCULO SOBRE LA POESÍA MACARRÓNICA EN ESPAÑA

 

Acabo de recibir mi último artículo, publicado en un volumen, que, como dice su benemérito curador, Federico Baricci, "recoge las actas de las Giornate di studio su Teofilo Folengo a cinquecento anni dalle prime Macaronee, celebradas en Pisa en la Scuola Normale Superiore el 23 y el 24 de noviembre de 2017, año del quinto centenario de la primera aparición de la obra maestra macarrónica de Folengo, cuya editio princeps fue publicada en Venecia en 1517 por el editor Alessandro Paganini".

De la ponencia que pronuncié allí proviene mi contribución escrita, L'influenza folenghiana nella poesia macaronica spagnola, que, según indica el propio Baricci, "traccia in sintesi, e con grande efficacia, una vera e propria storia della letteratura macaronica in Spagna, nata, sotto l'influsso di Folengo, con la macaronea di Juan de Vergara del 1522, e seguita dallo studioso, sempre alla luce del rapporto con il modelo italiano, fino all'inizio del XIX secolo. il contributo offre un vasto quadro, anche al di là della produzione macaronica ibero-romanza, della ricezione e della fortuna di Folengo in Spagna, non solo nel secolo dell'autore, ma anche nei due secoli successivi." (cfr. "O Macaroneam Musae quae funditis artem". Studi su Teofilo Folengo a cinquecento anni dalle prime macaronee. A cura di Federico Baricci, Vecchiarelli Editore, Roma, 2021, p. 12).

En el volumen se reproduce también mi intervención en la mesa redonda celebrada como cierre de las Jornadas. Reitero desde aquí mi agradecimiento al prof. Luca D'Onghia, por haberme invitado a participar en éstas, a Federico Baricci por su inestimable trabajo, y a Otello Fabris, presidente de la Asociación Amici di Merlin Cocai, por su impagable amistad y apoyo constante.

UNA ROSA

 

Thomas Anschutz (1907) [Spencer Alley blog]

LA VIAJERA

 

Camilo Mori (1926)

REVISTA DE MEDIOS (Mayo de 2021)

 

Walker Evans [Art Blart blog]

Comenta Juan Ramón Rallo que el anunciado establecimiento de peajes en la red nacional de carreteras puede ocultar un afán de sobrerrecaudación por parte del Estado —es decir, el Gobierno partidocrático de turno—, ya que el mantenimiento de tal red supondría unos 1.300 millones de euros, frente a los 29.500 millones de euros que los conductores pagan en concepto de impuestos de matriculación, circulación, de hidrocarburos, etc. cada año. Evidentemente, ese dinero, aparte de dedicarse a Sanidad y Educación, se consagra también a la industria política, esto es, al mantenimiento —y engrose— de la red clientelar, y a las duplicaciones administrativas del elefantiásico Estado de la Autonomías, no concebido, de ninguna manera, para la desconcentración del poder, sino para su multiplicación, a costa del contribuyente, que, en el caso presente, se vería doblemente gravado, frente al insaciable afán recaudatorio del Estado de partidos, que tiene en este proceder otro modo de controlar la vida de los súbditos y su libertad, siempre, por supuesto, «por su bien».

En este mes que se conmemora el nacimiento del llamado movimiento 15-M, Víctor Lenore echa la vista atrás y lo define como obra de un grupo de jóvenes universitarios de clase media (víctimas de la paralización de la «circulación de las élites» de la que hablaba Vilfredo Pareto, en cuanto testigos del anquilosamiento del corrupto sistema endogámico de cooptación universitario, calcado del político partidocrático), que dejaba fuera de sí a los jóvenes de las clases trabajadoras, «los de abajo». Así, las verdaderas ansias de sus promotores, que eran las de encontrar su lugar en el sistema (por lo que puede llamársele movimiento reaccionario, y no revolucionario), derivó, con el tiempo, en la creación de un partido político, Podemos, que, como el resto de los del Estado de partidos, buscaba, esencialmente, conseguir sus cuotas de poder en el Estado, enarbolando, como señuelo a la par que pretexto justificatorio, los eslóganes de una izquierda identitaria e indefinida que se convierte en portavoz de «colectivos» variables, en los que la antigua «clase trabajadora» ya no tiene lugar, para no tener que chocar frontalmente con el oligopolio económico-financiero que vive en simbiosis con el régimen partidocrático. El incierto destino de esta formación política en la hora actual es síntoma evidente del fracaso del reformismo dentro de un régimen de poder que excluye la separación de poderes y la auténtica representación política, cavando aún más la fosa entre la sociedad estatal de los partidos instalada en el Estado, y la sociedad civil.

Para Luis Riestra la tensión provocada por el rechazo al posible control omnímodo por parte del Estado, «sería resuelta por los mismos ciudadanos al elegir directamente a sus representantes (no listas)». Además, al existir libertad política, la sociedad civil es libre —no como aquí que es un apéndice de los partidos— y contribuye al mejor gobierno, aportando todos soluciones a los problemas (sobre impuestos, gastos, «qué y en qué», inmigración, educación, sanidad, medios públicos de comunicación, subsidios, tasas, energía, etc.). Por supuesto, mientras los liberales debatían estos temas, a izquierdas y derechas los enemigos de la libertad política desarrollaban todo tipo de justificaciones y subterfugios para que los ciudadanos no eligieran, directamente o a través de representantes, su Gobierno, sino que lo hiciera una camarilla de autoelegidos muy listos que saben mejor que el pueblo quién debe representarle. Surge así el sistema electoral proporcional de listas de partido que terminó encumbrando a Mussolini, Hitler y Chávez, o a nuestros «desgobernantes». Esta es, ciertamente, como indica Riestra, la situación que se produce en España donde «nuestro» Gobierno no es representativo (ni nos representan ni se parecen a nosotros) y por ello padecemos personajes como la vicepresidente del Gobierno, sucesora de Iglesias III, y ministra de Trabajo (¿sabrá qué es eso?) para quien «la legislatura comienza ahora» tras reunirse con Rufián, quien, tras decir que «comunismo es igualdad y democracia» (y ha [sic] Colau) añadió «que se lo habían enseñado en su casa», cosa que la legitima para malgobernarnos, decir burradas, enfrentarse a los empresarios, endeudarnos o freírnos a impuestos, aumentando la pobreza de los mayores pobres y los parados de larga duración y dañar aún más la demografía.»

El Papa impulsa una escuela para políticos «nobles» de la mano de una fundación española. Esta escuela que pretendería, entre otras cosas, que sus alumnos «huyan del empleo de las inclinaciones más bajas y egoístas» supone una resurrección de los manuales medievales de los «Espejos de príncipes», destinados a la formación moral del soberano, confiando en que así su actuación política sería justa y edificante, y que tiene, por ejemplo, un eco moderno en la ingenua arenga de Albert Camus a cambiar la política por la moral. Confiar la política, que es la lucha por el poder, a la ética personal de los políticos de un régimen oligárquico sin control mutuo de los poderes asegurado por su inexistente separación actual consagra el viejo apotegma religioso de que el infierno está empedrado de buenas intenciones.

A raíz de la presentación del llamado proyecto España 2050, recuerda Gregorio Morán que el actual partido en el gobierno partidocrático, el PSOE, —el principal puntal del régimen del 78, que tuvo la habilidad, según Antonio García-Trevijano, de heredar la base social del franquismo— también presentó otro «proyecto de futuro» en 1987, el «programa 2000», cuando la tendencia de voto empezaba a volvérsele en contra. Ahora este Gobierno, tendente a reescribir el pasado, como dice Juan Ramón Rallo, a no gestionar el presente (atento, como el resto de partidos, principalmente a mantenerse en el poder «como sea»), y a huir hacia el futuro (el negociado de la muerte, que podría decir Agustín García Calvo) ha recibido el desprecio, en la presentación de dicho proyecto, de la mayoría de figuras del IBEX. La pantomima, concluye Morán, ha quedado en evidencia cuando el sultán de Marruecos ha decidido enviar una avalancha de miles de personas contra la ciudad de Ceuta, dejando a nuestro régimen oligárquico, nuestra clase dominante, frente al espejo de su propia inopia, y falta de visión estratégica, nocivas de toda evidencia para la sociedad civil, y la nación, de la que es a la postre enemiga por su indiferencia de clase privilegiada instalada en el poder del Estado.

Luis Escribano realiza un análisis del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, incidiendo en el fenómeno de la llamada huida del derecho administrativo, «que no es sino la tendencia creciente en todas las administraciones públicas configuradas en torno a modelo del derecho administrativo de corte continental (diferente al modelo anglosajón), de recurrir de manera indiscriminada a personal, órganos, procedimientos y técnicas propias del derecho privado para el desarrollo de sus funciones, y que, alegando razones de pretendida eficacia en la actuación, claramente eluden de facto o de iure los controles y garantías propios del derecho administrativo, y que dejan a los ciudadanos desprotegidos ante los abusos del poder político». Y añade que ese fenómeno, que favorece la corrupción y la impunidad, «pone en cuestión la propia esencia de la Administración, como organización al servicio de los intereses generales, y del concepto de derecho administrativo, como rama de las ciencias jurídicas dirigida a someter al principio de legalidad a un sujeto privilegiado —la Administración— que asume el encargo de gestionar los intereses colectivos de la sociedad. Lamentablemente, los poderes legislativos y ejecutivos en España están fusionados por mor del régimen partidocrático imperante, que ha facilitado dicho fenómeno ante la irresponsabilidad de los partidos políticos y de los españoles que los apoya en las elecciones».

A raíz del fin del mal llamado estado de alarma, cuando el Gobierno ha delegado en los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. el tomar medidas ejecutivas y/o legislativas, y con motivo de la crisis con Marruecos, en la que el gobierno ha creado una mesa interterritorial para tratar el asunto de la inmigración, Alberto Iturralde y Emilio Triviño señalan que los Gobiernos hacen dejación de su responsabilidad ejecutiva (y en el caso de nuestra partidocracia, también legislativa) para evitar el desgaste político, pues su objetivo es corromperse con los menores quebraderos de cabeza posible, en detrimento evidente de los intereses de los súbditos del régimen.

Sobre el informe negativo emitido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en cuanto a la intención del actual gobierno de indultar a los políticos condenados por el llamado procès independentista, Ignacio Escolar señala que «hay un problema en España con la separación de poderes. Pero no es el Gobierno quien está invadiendo competencias que no le corresponden. Es el poder judicial el que pretende ejercer funciones que no son suyas, quien está haciendo política, quien está excediéndose en su papel». El periodista indica en que el problema radica en que hay una «mayoría conservadora» en dicho tribunal, debido al «filibusterismo del PP con las renovaciones del poder judicial: bloquear el acuerdo cuando pierden las elecciones, y así alargar su dominio sobre los jueces unos añitos más. En las últimas dos décadas, el PP y el PSOE han gobernado casi el mismo tiempo: unos diez años cada uno. Pero el CGPJ ha mantenido una mayoría conservadora 15 años de esos 20. Quien controla el poder judicial decide los nombramientos. El resultado a la vista está». Este típico periodista del régimen partidocrático reconoce implícita y explícitamente («quien controla el poder judicial decide los nombramientos») que no existe separación de poderes —y por lo tanto control mutuo entre ellos, para que el ciudadano pueda dormir tranquilo, como decía Hamilton—, pero el problema para este partidólatra no es ése, sino el que sean los «de la otra orilla» quienes tengan más jueces puestos a dedo que los que han puesto los suyos, los «progresistas». No es lógico, pues, que acabe su artículo señalando que son los del PP los que «no cumplen con lo más básico de la Constitución», porque la Carta Otorgada del 78 no habla de independencia del poder judicial, que, obviamente no está, ni se la espera, ni se la concibe, como indican las muestras de bazofia moral e intelectual que nos ofrece la prensa.