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Brassaï [blog "Cuerpo y tiempo"]

REVISTA DE MEDIOS DE NOVIEMBRE DE 2021

 

German Lorca [Art Blart blog]

Alberto Iturralde y Emilio Triviño ven en su ya vaticinada marcha atrás en el «decretazo» contra las eléctricas, y en otros como el de las cláusulas suelo, la evidencia de que todos los presuntos mecanismos de control no sirven al súbdito de la Monarquía de Partidos sino al disimulo de la comunión de intereses entre oligarquía política y económica.

El politólogo Santiago Armesilla trata de lo que Gustavo Bueno llama «derecha socialista», la tercera modulación de las derechas alineadas con el Antiguo Régimen (unión del Trono y del Altar), tras la derecha reaccionaria y la derecha liberal. Armesilla conecta «esta derecha alineada con lo que Marx y Engels exponen en el Manifiesto Comunista respecto de los socialismos reaccionarios (particularmente el socialismo feudal / clerical y el socialismo pequeñoburgués) y también con el socialismo conservador o burgués. Todos estos socialismos combinados, que criticaron Marx y Engels, darían lugar a los modelos de derecha socialista desde el Segundo Reich de Bismarck, pasando por el Estado de bienestar de William Beveridge en el Reino Unido y, ya pasando a España, los ejemplos del siglo XX más característicos: Antonio Maura, Miguel Primo de Rivera y Francisco Franco». Así, el vídeo «expone críticamente, desde el materialismo político, lo que fue la derecha socialista: una contrarrevolución desde arriba contra la revolución desde abajo de las izquierdas definidas anarquista, socialdemócrata y comunista. Y que, por ello mismo, es hoy un fósil histórico repudiado por la mayoría».

La audiencia de Sevilla condena a dos años y tres meses de cárcel al expresidente de Invercaria por un delito de malversación. Comentando esta noticia, Luis Escribano señala que «nuestro sistema judicial sea pésimo se lo debemos, en origen, al sistema partidocrático, que permite que el legislativo (partidos que aprueban el Código Penal y su ley procesal —Ley de Enjuiciamiento Criminal—) dicte leyes para que la clase política quede impune, tengan penas mínimas (en algunos casos), sean indultados, o consigan toda clase de rebajas en las cárceles (cuando alguna rara vez ingresan). (…) Entre la atenuante por dilaciones indebidas del Juez instructor (bajando las penas), los argumentos de la Audiencia Provincial para librar a Cantos y González (sobrino de Felipe González), y entre esos argumentos que la empresa pública INVERCARIA no considerara mermados sus fondos y que no los haya acusado (¿de qué partido eran los cargos que debían acusar?), unos fondos que eran públicos (¡manda narices los jueces de la Audiencia!), de nuevo se libran o imponen condenas mínimas por esta corrupción política. Si la mayoría de la nación sigue apoyando esta mierda con sus votos a los partidos, seguiremos obteniendo daños y perjuicios a nuestro patrimonio público. Pida a sus vecinos, amigos y familiares que votan a partidos que le explique por qué esos partidos permiten que ocurra… al menos, si no van a dejar de votar, que pasen vergüenza».

Alberto Iturralde y Emilio Triviño analizan el caso de Agapito García, ilustrado en el documental «Hechos probados: terror de Estado», que ejemplifica cómo Hacienda, al servicio de la ratio status de conseguir dinero sin límites para un Estado elefantiásico y corrupto, se sirve de un derecho tributario ante el que el súbdito contribuyente se ve indefenso como un delatado a la Inquisición (no necesariamente española, pues hubo otras mucho más mortíferas), obligado a demostrar su inocencia. Para ello, esta Inquisición moderna, a las órdenes de la monarquía de partidos, que trata a la gente como objetos dilectos de exacción, se sirve del principio inaudito de solve et repete, es decir, paga para poder reclamar, lo que es, en sí, un atentado a la presunción de inocencia. Si el sufrido penitente tiene dinero para pagar la deuda imputada, la multa y los intereses que taimadamente se dejan correr, podrá recurrir a los tribunales y obtener, con más frecuencia de lo que se cree, la restitución de lo aprehendido (desquitando honorarios de abogados); pero si no tiene solvencia económica, se verá embargado sin piedad, y arruinado quizás de por vida.

Daniel Ortega se atribuye la victoria en Nicaragua con más del 80% de abstención. La abultada tasa de abstención tiene el efecto de deslegitimar a un gobierno o candidato presidencial, que, aunque acceda al poder según la legalidad del sistema (hasta las dictaduras constituyen estados de derecho, pues en ellos rigen leyes), carece de legitimidad, y su consecuente debilidad lo hará más inestable y propenso a la caída.

Sobre la partidocrática renovación del Tribunal Constitucional se expresa Gregorio Morán en los términos siguientes: «Se ofende a quienes aún creen que los Reyes Magos vienen de Oriente, cuando la verdad es al revés como demostró nuestro emérito yendo a vivir en Abu Dabi y llevándose de paso los regalos. La engañifa del Tribunal Constitucional es una patochada de mafiosillos que han deteriorado la imagen del supuesto guardián de la Constitución hasta límites que rondan el terrorismo de Estado. Por principio se trata de renovar el Tribunal y lo que hacen es pasarlo por la escombrera. No me creo una palabra de que haya dos mirlos blancos y dos grajos negros; cuando alguien participa en una componenda así no hay buenos y malos sino adictos y perversos. Tengo hacia los jueces en general una cierta prevención que viene de la experiencia. (…) Pero me cabe una pregunta ciudadana: ¿el juez Arnaldo no tiene el puntillo de retirarse para dignidad de su gremio y de la Constitución? Doy por ausente la suya. De todos modos el asunto deja muchos flecos, entre otros selecciono la humorada del portavoz de Podemos, el abogado Jaume Asens, que bendijo el trágala “tapándose la nariz”, lo que le ha valido inmerecidas consideraciones. Con toda probabilidad este trepador incandescente no sabrá que esa idea de la pinza en la nariz fue el recurso que inventó el periodista italiano Indro Montanelli, un conservador ilustrado, para orientar el voto hacia la corrupta Democracia Cristiana. Uno se pregunta desde cuándo estos aspirantes a los cielos del poder empezaron a taparse la nariz para no olerse a sí mismos».

Ignacio Ruiz Quintano reflexiona sobre la anulación por parte del TC del impuesto de la plusvalía municipal, y sobre la declaración de inconstitucionalidad de los sucesivos estados de alarma: «Una ministra del Reino promete, subida a un púlpito, y entre ovaciones enfermas de sus partidarios, “arreglar el lunes”, tal que la Camacha de Cervantes en El coloquio de los perros (hacer nacer berros en una artesa era lo menos que ella hacía), el cobro de un impuesto declarado ilegal por el TC. En cola, un Tony Manero de la Españeta-teta que hace de presidente declara al mundo de las elites que él, desde luego, volvería a confinarnos contra la Constitución, según dictamen del TC, que con estos respetos viene a ser un busto de Kelsen para que caguen las palomas. Con groserías así, España ofrece oficialmente al mundo la magia política de un hamponato. “Quis custodes?” ¿Quién protege? Nadie. La relación protección-obediencia era el núcleo del dibujo hobbesiano del Estado: tú me proteges y yo te obedezco. Esto lo saben los malos, que intentan conquistar el Estado para hacerse con tu obediencia (además de tu bolsillo) y ahorrarse su protección: el negocio redondo. (…) Del Estado autoritario franquista, con el partido como órgano del Estado, al Estado total progresista, con el Estado como aparato instrumental de los partidos, que son un solo partido, dueño del poder soberano. Nada contra el partido, nada fuera del partido, todo para el partido, todo a través del partido. Al afeitarte, los barberos del sistema te meten en la boca la manzana del “Estado de derecho”, que significa que hasta la violación del derecho puede hacerse de manera legal por los Tom Hagen de la película. Y todo pasa por el miedo, factor del gobierno despótico para Montesquieu y sostén del gobierno revolucionario para Robespierre».

Comentando la información del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) sobre la situación de la negociación del Anteproyecto de Ley de la Función Pública de Andalucía, Luis Escribano señala que «el gobierno del PP y C’s pretende colonizar políticamente la Función Pública andaluza, y ha previsto en el Anteproyecto de Ley crear más altos cargos por debajo del rango de Dirección General, para ser ocupados por más políticos nombrados a dedo. Además, en el Anteproyecto evitan regular las infracciones, sanciones y el procedimiento para exigir responsabilidades a los altos cargos directivos. No tienen vergüenza alguna. Estos han venido a heredar y empeorar el caos creado por el PSOE, y el que no quiera verlo, padecerá las consecuencias como el resto de andaluces, salvo que sea un ingenuo u otro corrupto».

A vueltas con el TC y el enésimo reparto de sus magistrados, se pronuncia Ignacio Ruiz Quintano: «la vida llevaría a García Pelayo a presidir el TC de la Constitución del 78, y a traicionarla por Rumasa, y a volver a Venezuela para morir, según la leyenda, de melancolía. Aquella gatada del TC fue el primer clavo en el ataúd del 78; el último lo acaba de remachar Casado al vender su parcela heredada en ese poder constituido que se atribuye poder constituyente, lo que lo convierte en un poder constitucionario. Es el entierro goyesco de la sardina’78. Con su decisión, Casado aplaza la ley de pandemias que nos vendía, versión posmoderna de la ley habilitante de Hitler en Weimar. –El TC no es poder judicial –justifica Casado, y no lo hace por el “presque nulle” [sic] de Montesquieu. “Poder judicial” sólo es un epígrafe en la Constitución’78 (el término no aparece más), porque, idealmente, no es un poder, sino una autoridad que Casado deslegitima para siempre con su enjuague timótico (de timo, no de ira). Para él la política es un listo (él), un tonto (Ayuso) y un primo (el votante). La estampita de Julián Delgado. La “atonía popular” hace el resto». Todo esto lleva al mismo Quintano a reflexionar sobre los traidores de la Transición y Antonio García-Trevijano: «Quien mejor retrató a estos traidorazos fue el coordinador de la Junta Democrática, que los padeció, y que vio en el espectáculo español a la muerte de Franco el espectáculo francés a la caída de Robespierre: el primer impulso del ejecutivo es continuar el robespierrismo (Arias) sin Robespierre; atropellados por la alegría popular, tras un intento de apertura de Barère (Fraga), proponen un pacto de reconciliación nacional entre represores y reprimidos (reparto de botín, ley electoral apañada), y Boissy d’Anglas (Suárez) presenta una Constitución por consenso (del poder y las finanzas); este Estado, sin división de poderes, es gobernado por Barras (Gonzalón) como botín de una clase gobernante (sindicato de profesionales del poder)… a perpetuidad. Qué desfachatez».

Alberto Iturralde y Emilio Triviño entrevistan a José Antonio Villalba, profesor de matemáticas en Secundaria para hablar sobre la situación de la Enseñanza en España. El profesor pasa revista a los males del sistema educativo actual que parten fundamentalmente de la LOGSE (aunque en épocas anteriores se apuntaban indicios de deterioro), como la bajada de nivel en la exigencia de contenidos, que son sustituidos paulatinamente por la evaluación de las llamadas «competencias», que son procedimientos o técnicas, —y podríamos añadir— la terapeutización de los alumnos mediante diagnósticos y censos, instrumentos de control férreo de los psicopedagogos a través de los departamentos de Orientación y planes de acción tutorial, que contribuyen grandemente a otro de los males de la enseñanza actual, la ideologización interesada manu militari de la actividad docente, que convierte en dogmas de fe vías decreto ideologías como la de género y la «queer». No se pretende, pues, formar a ciudadanos que sepan desenvolverse social y profesionalmente, sino a un precariado laboral sumiso a consignas político-ideológicas (lo único que su escasa formación en la tecnología intelectual que supone su propia lengua les permita asimilar y repetir) que puedan identificar en la correspondiente papeleta de voto que se les indique.

ESCUELA E IDEOLOGÍA (I)

 

René Maltête [Fantomatik blog]

Véase aquí.

CIRUGÍAS

 

John Coulthart [feuilleton blog]

LITERATURA CIPOTUDA

 

Manfred Hirzel [blog Weimar art]

Véase aquí.

DESABASTECIMIENTOS

 

Boris Becker [Art Blart blog]

REVISTA DE MEDIOS: Octubre de 2021

 

Friedrich Seidenstücker [Fantomatik blog]

Ignacio Ruiz Quintano se pronuncia sobre la ilegalidad de los sucesivos estados de alarma en el punto álgido de la pandemia: «Los partidos se saltan la ley (la defensa de todos contra uno) y la Constitución (la defensa de uno contra todos) por humanitarismo (“salvar vidas”, lo llaman: Bolinaga, Galhi, Covid…) […] El Congreso puede encarcelar ilegalmente (y sin consecuencias) a la ciudadanía porque lo que llamamos Constitución es una Carta Otorgada. La Constitución se impone de abajo arriba desde la libertad constituyente, y la Carta Otorgada se impone de arriba abajo desde el poder constituido, que otorga unas libertades individuales (no la libertad política), y por lo mismo que te las da, te las quita, como ha sido el caso. Constitución, en realidad, sólo hay una, la americana, escrita porque los fundadores venían escaldados de la “no escrita” de los ingleses: no querían un rey absoluto, pero tampoco un Parlamento absoluto, y con la pista que les dio Montesquieu (a un poder sólo otro poder lo detiene), dividieron la “soberanía” y separaron los poderes… para que los ciudadanos, en palabras de Madison, pudieran dormir tranquilos. Lo llamaron “democracia representativa”, de la cual en Europa estamos ayunos de lo que es y ahítos de lo que lo parece».

Carmona «retrata» las puertas giratorias del PSOE: «Nadie se indignó por el asalto a INDRA». Como señala el subtitular de la noticia, «el PSOE ataca a Carmona por su incorporación a Iberdrola. Pero fuentes del partido recuerdan que nadie dijo nada cuando se colocó a un dirigente del PSC en Indra o a Pepe Blanco y José Montilla en Enagás». El enfado en el partido más importante del régimen partidocrático parece debido más a la falta de oportunidad del momento, cuando se disparan los precios de la electricidad y el Gobierno de turno aparenta cargar contra las compañías del sector, que a un verdadero rechazo de la inercia de las «puertas giratorias» que grandes corporaciones del IBEX ejecutan incorporando a sus nóminas a antiguos políticos de los partidos que han servido a sus intereses.

Sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucionales ciertos aspectos del decreto del Gobierno de Rajoy sobre las cláusulas suelo, consensuado con PSOE y Cs, el jurista José Luis Escobar señala que tal normativa buscaba beneficiar a los bancos, ahorrándoles gastos, en vez de hacerlo con los súbditos afectados por el fraude de ley de dichas cláusulas. En todo esto subyace, según Escobar, la falta de separación de poderes, que sostiene la alianza del poder partidocrático —que elige a los miembros del CGPJ quienes eligen a su vez a los jueces del TS— con la oligarquía económico-financiera, que es para quien en realidad legisla.

Comentando unas recientes declaraciones de Felipe González sobre el populismo, Ignacio Ruiz Quintano señala lo siguiente: «Aclarémoslo para el españolejo joven: no hay más populismo que la democracia, definida por Lincoln en Gettysburg: “Gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”. […] Como en Europa no se puede hablar de demagogia, pues implicaría dar por sentada la democracia, la propaganda de los Estados de partidos llama populismo a la demagogia, y al consenso (método de gobierno de los oligarcas), democracia. La proverbial (y cultivada) ignorancia del españolejo en teoría política hace el resto, con las ideologías liberales inculcando a las masas la idea de que los asuntos públicos no son sus asuntos, salvo el acto de votar, y de “votar bien”, dicho por el Saint-Just de Puerta de Hierro (para Saint-Just la voluntad general no era la de la mayoría, sino la de los puros contra los que “amenazan la libertad”). La propaganda nacional viene llamando populismo a lo de Podemos y lo de Vox, aunque ninguno de estos dos movimientos ha hecho suyas, nunca, las dos vindicaciones del populismo o democracia: elección directa y separada del gobernante y un sistema electoral mayoritario, contra el proporcional de Gonzalón».

El economista Juan Ramón Rallo resalta que el «bono cultural» de 400 € que la actual facción estatal en el Gobierno promete a los jóvenes al llegar a la mayoría de edad para votar es un modo de comprar su voto. Afirma Rallo que se podría esperar que el partido no llegara al extremo de explicitar sus verdaderas intenciones, pero recuerda que ya anteriormente en votaciones en Aragón el mismo partido prometía una partida que fue publicitada explícitamente como recompensa a votarle. Los partidos del régimen no tienen empacho, pues, en utilizar el dinero del contribuyente en beneficio de su propia ambición de poder, ya que su función representativa de la sociedad civil es inexistente.

La Junta [de Andalucía] mantiene las grandes subvenciones de carácter nominativo a CCOO y UGT, que no han devuelto todavía el dinero defraudado en el pasado. Paco Núñez concluye su artículo citando al activista social Roberto Torres: «Personalmente, considero que los sindicatos deben renunciar a la financiación pública. No se puede servir al Gobierno y defender con lealtad, integridad y determinación a los trabajadores. Tienen que despegarse de la teta pública y aprender a vivir de las cuotas de los afiliados para recuperar la legitimidad y la confianza de los trabajadores. Es fundamental que la ética sindical sea el mecanismo impulsor de la renovación de los sindicatos mayoritarios. El sindicalismo independiente es el único camino para defender a capa y espada los derechos sociales». Tal ética sindical es imposible cuando los sindicatos citados, UGT y CCOO, encarnación bicéfala del antiguo sindicato vertical, son órganos del Estado al mismo nivel que los partidos, que son subvencionados por el súbdito-votante, y sólo atienden a los intereses de la clase partidocrática.

El politólogo Santiago Armesilla señala que la pérdida de músculo de la economía española estos últimos 50 años está ligada al sometimiento de la oligarquía política y económica al papel asignado a España por Alemania a través de la UE dentro de la llamada división internacional del trabajo, que ha llevado a la desindustrialización de nuestro país en favor de la aspirador alemana, que tiene a cambio donde mandar sus turistas y vender sus productos de alta tecnología. Con tal política, la oligocracia partidocrática demuestra su falta de carácter representativo de los intereses de la nación.

Indican Alberto Iturralde y Emilio Triviño que, recurrentemente, aparece la pregunta de si es necesaria una reforma constitucional, y dan su criterio acerca de las propuestas que surgen, cada vez con más frecuencia, para intentar corregir los fallos de nuestro sistema político. Tales proposiciones de reforma se dan cuando el régimen partidocrático entra en crisis, y sólo buscan reajustes parciales para que todo siga igual, al estilo leopardiano. Tales reformistas son, pues, los más conservadores, pues no conciben que, por cuestión de principio, no hay Constitución sin separación de poderes.

Vargas Llosa y su Fundación se muestran descarnadamente en el reportaje de Víctor Lenore, y a pesar de sus ansias de libertad indefinida, como un ente que afirma sin prejuicios buscar recaudación, y que se presenta rodeado de políticos del segundo partido del régimen, o marca blanca del PSOE, como dijo alguien, con lo que su denuncia de la cultura como una «dependencia estatal» queda más que en entredicho. La «cultura» como industria, y, en este caso, como abrevadero de patos más o menos mareados, resulta aquí en evidencia en cuanto que inseparable e inconcebible fuera de la tutela del poder partidocrático.

ESCRITORES Y PARTIDOCRACIA

 

Léase aquí.

REVISTA DE MEDIOS: Septiembre de 2021

 

Alan Feltus [Weimar art blog]

Sobre el tan traído y llevado tema de la recuperación económica en la pandemia, Luis Riestra señala que «como decía ZP y ahora su sucesor, «la economía tiene que estar al servicio de la política», de ahí que no se le conozca, por ejemplo, ni una sola política sectorial de futuro que facilite al sector privado sacarnos de esta crisis, sino meras ocurrencias o plagios. ¿Y a quién sirve la política? Pues a una oligarquía de partidos estatales y a un establishment cómplice de sus desmanes, no a los ciudadanos, tema que hemos tratado aquí extensamente. Este «orden» perverso debió caer en la anterior crisis, pero lo salvó la UE, como ahora, y hasta que no cambie dicho orden habrá que padecer el expolio de su enorme ejército de parásitos, endeudamiento público, disfuncionalidades, ocurrencias ruinosas y delirios constantes. Ese es el gran enemigo de la recuperación española».

Tratando del manido concepto de populismo difundido por los medios oficiales, Ignacio Ruiz Quintano indica que «su idea es meternos en la chola que la democracia no es el juego mayoría-minoría (¡populismo!), sino el consenso político (eufemismo de reparto, es decir, de corrupción), fórmula de gobierno de la oligarquía de partidos para garantizarse el tuya-mía (tiquitaca y pase atrás) de la estabilidad. La inestabilidad del momento es consecuencia del solapamiento de consensos: el del 78, moribundo e invocado por los autodenominados “constitucionalistas”, y el separatista, engordado como un tudesco, rampante y seguramente final, aunque la gente de orden, que vive en el Estado de Inocencia, antes de la Caída, cree que no hay derecha “mala”, y que, en consecuencia, ninguna derecha lo apoyará».

Es el mismo concepto de falsa democracia que Estados Unidos intentó «exportar» a Afganistán, cuyo precipitado abandono incendió los medios a finales de agosto, y sobre el que se pronuncia el mismo Quintano: «Al crimen de las Torres Gemelas respondió Bush llevando la democracia a Afganistán y a Mesopotamia, con Blair tirando octavillas de la Tercera Vía de Anthony Giddens, y Aznar, copias de la Transición de Victoria Prego. Lo de llevar la democracia como quien lleva a San Roque por el mundo fue cosa de Wilson, que no halló mejor pretexto para justificar ante su opinión pública el envío de tropas a la guerra del 14. En eso los gringos eran como el perro de Paulov: oían “defender la democracia” y corrían a alistarse. Pero la democracia que exportan los gringos no es la suya (después de todo, la única que ha habido), sino el viejo tiquitaca canovista de dos partidejos jugando al tuya-mía, y para el papel de Romero Robledo (el señor que amañaba los resultados) escogieron el famoso sistema proporcional que impusieron al continente europeo después de Normandía para controlar la Guerra Fría. En el periodismo español ya he oído que el problema de Afganistán es que falta… consenso».

La multitelevisada reaparición de los talibanes en Kabul ha revelado, según Guadalupe Sánchez, las contradicciones del feminismo institucional: «El velo islámico es, ha sido y será un símbolo de que no somos más que una pertenencia. Por eso atenta frontalmente contra los derechos humanos y las libertades fundamentales del individuo que conforman los cimientos de las civilizaciones occidentales contemporáneas. Que desde las instituciones nacionales y europeas se esté promoviendo su uso en nombre del feminismo, la inclusividad y la diversidad constituye una aberración no sólo jurídica, sino también ética y moral. El retorno de los talibanes al poder en Afganistán ha traído a la palestra, en el mejor de los casos, un silencio atronador por parte del feminismo institucional. En el peor, ha evidenciado el cretino intento de equiparar la situación de las mujeres de allí con las de aquí, soslayando que lo que en occidente responde a tradiciones o costumbres que algunas siguen voluntariamente, en medio oriente es una imposición. En España, la Biblia no es fuente de derechos y obligaciones, mientras que en Afganistán y otros países donde rige la ley islámica, el Corán sí que lo es».

La Consejería de Salud Andalucía aduce motivos que justifican la eliminación de todas las agencias empresariales y otros entes de la Junta de Andalucía. Tras analizar estos motivos y referir las entidades afectadas, Luis Escribano señala que «la reducción del gasto público (personal, sedes y contratos para su funcionamiento, etcétera), la disminución de la corrupción, la racionalidad organizativa y la eficiencia que se conseguiría con la extinción de los entes instrumentales y el despido del personal laboral innecesario, entre otros aspectos, serían muy considerables a corto-medio plazo para la Junta de Andalucía, es decir, para la inmensa mayoría de los andaluces. Sin embargo, el gobierno andaluz no para de repetir el mantra de la imposibilidad de extinguir determinados entes instrumentales (sólo hablan de fusiones, que nada solucionan) o de despedir al personal de esas agencias empresariales —y fundaciones, sociedades mercantiles, etcétera—. […] Es evidente que el objetivo político de los partidos políticos es otro muy distinto al del interés general. Seguirán con el engaño a los ciudadanos con el único fin de no perder votos o conseguir más, con el fin de perpetuarse en el poder y mantener los privilegios. Concluyo, y aprovecho para reiterar la misma advertencia que siempre hago y seguiré haciendo: a todos los partidos políticos sólo les interesa un sistema en el que puedan abusar del poder sin consecuencias negativas para ellos (partidocracia), porque detrás hay un modo de vida muy privilegiado».

El gobierno promete 144 leyes y decretos antes de fin de año «para que la recuperación sea justa». La hiperinflación legislativa es una de las características del totalitarismo democrático de los Estados de partidos, que sustituye legislación por derecho en su afán de control total sobre la vida de los súbditos. Como señala Dalmacio Negro, «en la práctica, la burocracia, velando por el bienestar de los administrados produce la frondosa y cambiante legislación ejecutiva: se institucionaliza la revolución legal permanente congruente con la movilización total, que genera una incertidumbre y una inseguridad crecientes. Hasta técnicamente las leyes son cada vez peores. […] Y, por supuesto, tienden a disminuir o desaparecer las formalidades administrativas que dan cierta seguridad al administrado, por no hablar del control judicial, sometido a toda clase de presiones e influencias, y que, por otra parte, tampoco es inmune al modo de pensamiento ideológico y al ambiente» (Dalmacio Negro Pavón, Historia de las formas del Estado: una introducción).

La falta de protesta «ciudadana» («30.000 vacunas perdidas —sin protestas; comité de expertos fake —sin protestas; satélite de 200M€ perdido —sin protestas; 230.000 negocios quebrados —sin protestas; SEPE inoperativo 20 días —sin protestas; crisis migratoria —sin protestas; desempleo juvenil del 40% —sin protestas») Ignacio Ruiz Quintano la considera un rasgo del sistema: «En el Estado de partidos no estamos representados (su propio creador presume de eliminar con él “todo vestigio de representación”), pues su función es la “integración de las masas en el Estado”, pastoreo del que se encargan los partidos para cerrar el paso a la democracia. Periódicamente, a derecha y a izquierda hay individuos que se descuelgan del sistema y, al pensar por libre, dejan de votar. Como la abstención es el único enemigo del Sistema, surgen Podemos a la izquierda y Vox a la derecha para devolver esos votos perdidos a la tolva estatal: basta con gritar demencialmente que viene el comunismo o que viene el fascismo para que los descarriados regresen a la hoguera campamental del Centro (¡la ilustración analfabeta del centro!), que es el Estado».

Bolaños deja a la vista la falta de división de poderes: «Los jueces no pueden elegir a los jueces». El diario Libertad Digital, que obvia que el PP no ha fomentado y realizado la independencia del poder judicial bajo sus Gobiernos, indica que este ministro del PSOE «acaba de un plumazo con la división de poderes —en realidad su separación—» (no se puede acabar con algo que no existe) al afirmar que «ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos» (falso, por otro parte, pues son los políticos en el parlamento los que eligen al presidente del gobierno, el órgano rector del poder ejecutivo). Tales declaraciones (donde no se sabe dónde empieza la ignorancia y dónde acaba el cinismo) se basan en el sofisma de que «a todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado. Todos derivan del voto libre de los 47 millones de ciudadanos» (confunde en su subconsciente totalitario a los habitantes del país con los votantes —sustentadores manipulados de su poder—, que, evidentemente, no pueden serlo todos potencialmente) y tienen «el objetivo de que el Poder Judicial tenga base democrática», insistiendo en que es el Parlamento, es decir, los «representantes legítimos de los ciudadanos», los que «tienen que elegir a los tres poderes». Nada cuentan, para este ignaro partidócrata la independencia de los poderes y el control mutuo que deberían ejercer entre ellos (difícilmente serán independientes unos jueces que son elegidos por políticos que son elegidos por los jefes de los partidos a los que los votantes se limitan a ratificar votando listas), como garantía de la democracia y de la seguridad de los ciudadanos, que tampoco cuentan, por ende, con «representantes legítimos», pues lo único que hacen es votar a partidos que les presentan listas sobre las que no tienen ninguna posibilidad de control, sin poder elegir tampoco en elecciones separadas al poder legislativo y al ejecutivo. Este apelación a la «base democrática» no es más que una llamada al orden de la «democracia» franquista, en la no había separación de poderes en origen, sino de funciones, como en el Estado de partidos actual que es heredero.

Ángel González Sánchez responde a algunas objeciones expresadas por Pedro Insua a la teoría de la democracia de Antonio García-Trevijano, buscando aclarar en especial el concepto de representación política. Ante la vaga variedad taxonómica que maneja aquél, el autor señala que «la enorme carga valorativa de la palabra democracia en el lenguaje natural ha de ser purgada cuando aludimos a ella de manera técnica». Recuerda que el concepto de esta forma de gobierno en García-Trevijano procede, en parte, de Alexander Hamilton, quien para evitar los excesos y desvaríos de la democracia directa de la Antigüedad «proponía como solución una “democracia representativa” en que una clase política de “personas escogidas”, temperaría las pasiones populares, al funcionar —esto ya en terminología de Trevijano, que la toma de Leibniz— a modo de principio de intermediación entre la sociedad civil y el Estado». A tal idea de la democracia vienen necesariamente asociadas la de la separación de poderes en origen y el control del representante por parte de los representados. Yerra, en fin, el Sr. Insua cuando afirma que el pacto de PSOE y Podemos es una prueba de la existencia de una democracia en España según Ángel González por dos razones: «Primero, porque no es función del poder ejecutivo la de ser representativo (más que ceremonialmente, del Estado), dado que la relación de mando entre este poder y el ciudadano, como Trevijano distingue, se da de arriba hacia abajo (el mandante es dicho poder estatal), mientras que en el legislativo de una democracia la relación de mando parte, en sentido inverso, del representado hacia el representante (el mandante es el ciudadano en su función de control al diputado del poder de la nación). Y segundo, este argumento de Insua prueba precisamente la tesis contraria, la de que en nuestro país no existe tampoco la separación de poderes, ni por consiguiente la democracia. Sólo puede llegar a haber pacto para formar un gobierno allí donde no existen elecciones separadas a la Presidencia del Ejecutivo, donde este poder se encuentra por tanto unido al legislativo ya en origen. Los españoles, efectivamente, seleccionan diputados elegidos por sus jefes y no pueden ejercer ningún control sobre ellos. Si no existe ningún freno formal al poder, que proteja del mismo a la libertad política, ¿qué democracia puede entonces haber? No alguna, ni poca, ni defectuosa, sino ninguna».

Paco Núñez recuerda que el PP, que tiene ahora el Gobierno regional en Andalucía, se jacta de la presunta falta de corrupción de su gestión, contra lo hecho antes por el PSOE, pero «este estado de confrontación permanente, típico de la partidocracia para moldear ultras en lugar de votantes reflexivos, se ha parado en seco hoy en el Palacio de San Telmo. De repente, Elías Bendodo ha rechazado la posibilidad de meterse con su rival político, Juan Espadas, que, recordemos, no está en el Parlamento de Andalucía actualmente. El motivo es vox populi: la lamentable declaración de su mujer, Carmen Ibanco, actual trabajadora del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y extrabajadora de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). Ibanco compareció el pasado viernes en la comisión de investigación sobre dicha fundación. Ibanco fue presuntamente enchufada en FAFFE mediante un contrato exprés y Bendodo no ha querido hacer leña del árbol caído. ¿Por qué?». Núñez ve dos posibles respuestas: «No sabemos si le ha llegado al corazón el 50 aniversario de la canción Imagine, de John Lennon, o si se trata de algún tipo de estrategia del PP (Moreno Bonilla también declinó hacer sangre diciendo que no quería caer en «la política carroñera») para que los árboles no dejen a la ciudadanía ver el bosque siniestro de la partidocracia». Para el periodista, en fin, la razón estriba en un maniobra de maquiavelismo electoral que demuestra la misma indignidad y corrupción partidocrática de sus promotores: «En un abrir y cerrar de ojos, Elías Bendodo se convirtió en un buen samaritano dispuesto a perdonar y olvidar. Señor Espadas, puede usted pasar de curso sin recuperación. No hace falta que su mujer dimita para favorecer su carrera por la A mayúscula. También permitiremos todos que usted siga como secretario general del PSOE, no le obligaremos a largarse. Miramos para otro lado y Santas Pascuas, porque es usted el enemigo más débil. «Ahora Andalucía es más sanchista que socialista», Bendodo dixit. Eso sí, esos ecuánimes y dialogantes señores con corbata y camisa azul que ahora le pasan la mano por el lomo, están afilando sus espadas para destrozarle el día de las elecciones. No quieren a otro. Le quieren a él».

Alberto Iturralde y Emilio Triviño señalan la nula responsabilidad que asumen los políticos por su mala gestión, que llegan incluso a ser recompensados por su incompetencia gracias al sistema de las llamadas «puertas giratorias». Así, el Gobierno de turno habla de reducir por decreto los beneficios de las compañías eléctricas, mientras no se toca el proceso de fijación del precio de la luz, y ni siquiera tales decretos tendrán un desarrollo efectivo cuando cesen de sonar los atabales mediáticos. Es la inexistencia de separación de poderes en origen lo que permite esta alianza del poder político oligárquico y la oligarquía económica.

LA COLA DEL PAN

 

Dorothea Lange (1933) [Art Blart blog]