FRAGMENTOS DE MI TRADUCCIÓN DE "BALDO" V: La burla maloliente de Cíngar contra Zambello (7, 428-613)

Cíngar, siguiendo su venganza contra los instigadores del encarcelamiento de su amigo Baldo, decide hacerle una burla maloliente al hermanastro de aquél, Zambello, que se puso a cagar en la puerta de su desamparada cuñada, Berta. Véase aquí.

REVISTA DE PRENSA

En la prensa española se levantan voces contra el régimen partidocrático nacido en la llamada Transición, o más bien Transacción entre los oligarcas del Franquismo y los nuevos aspirantes de la presunta oposición, que optaron por el pactismo y el consenso -la muerte en sí de la libertad de pensamiento-, y no por la ruptura democrática. Así, José Antonio Gómez en Diario 16, aunque realiza algunas afirmaciones erróneas como la de que los ciudadanos eligen a su primer ministro, acierta en señalar que "España sigue cumpliendo la voluntad del dictador Francisco Franco en lo referente a la Jefatura del Estado. La Monarquía fue impuesta de manera torticera a los españoles porque jamás se ha preguntado al pueblo por el modelo de democracia que quieren. En el referéndum de la Constitución, que ahora va a cumplir 40 años, se obligó a votar el texto completo en el que se imponía a un Rey sin que los ciudadanos pudieran determinar si estaban de acuerdo o no con ello. Fue un trágala en toda regla: «si queréis una Carta Magna que reconoce al pueblo derechos y libertades hay que tragar con los Borbones». Si en 1.978 los ciudadanos se hubiesen rebelado y votaran en contra de la Monarquía estaban impidiendo la aprobación de la Constitución. Por tanto, por más que los defensores de la Monarquía afirmen que Felipe VI o Juan Carlos I fueron elegidos por el pueblo, la realidad es que no es así, sino que el propio aparato del Estado determinó que los españoles debían tragar con la voluntad de Franco si deseaban que se les reconocieran los derechos y libertades de los que disponían los ciudadanos de los países democráticos." Señala, asimismo, el autor del artículo que la presunta función moderadora de la Monarquía no es más que una forma de aquiescencia a la corrupción del régimen. El otro aspecto que según el articulista adultera la democracia española -pues no parte del hecho de que esto que hay en España no es una democracia, pues no hay separación de poderes ni principio de representación política- es La ley de Amnistia, que impidió condenar los crímenes del Franquismo. No entiende el autor que las llamadas a la concordia y a la reconciliación -piénsese en lo ocurrido en Francia tras el Terror- son las propias de la oligarquía que sucede a una dictadura, para asegurarse el reparto de las prebendas del Estado.

A vueltas con la Carta Otorgada del 78, Manuel Pulido Mendoza indica en Disidentia algunos de sus graves defectos como el concepto de nacionalidades, introducido por los oligarcas redactores para contentar a sus correligionarios nacionalistas vascos y catalanes, el cambiar el nombre de la lengua común de 'español' a 'castellano', idiotez monumental como la de llamar al italiano toscano, con el mismo objetivo de obsequiosidad hacia los corruptos nacionalistas pequeñoburgueses, y, finalmente, la creación del inaudito "Estado de las Autonomías", máquina multiplicadora del gasto público, despilfarradora y fuente de gabelas clientelares para los partidos del régimen. En cambio, las reformas constitucionales que propone el autor sin un cambio del sistema político a través de un periodo de libertad constituyente no parecen más que meros parches.

Por otra parte, el predominio del sentimentalismo sectario y la inintelectualidad en el discurso de lo políticamente correcto está llevando, como revela Marilisa Palumbo en el Corriere della Sera, a algunas universidades norteamericanas a organizar cursos de "debate civil", para enseñar a los jóvenes a enfrentarse a ideas diversas sin enrocarse, agredir o exigir su censura por considerlas ofensivas para determinadas personas o colectivos.

En este aspecto, podría incluirse la polémica surgida en Gran Bretaña en torno a las declaraciones del político Boris Johnson, quien, después de criticar la reciente decisión del gobierno danés de prohibir el burka en los espacios públicos, atacaba al tiempo el carácter opresivo de estos ropajes, la presión de algunos hombres musulmanes para su porte, y defendía la libertad de cada institución de exigir a sus alumnas no acudir a sus centros vestidas como "ladrones de bancos" o "buzones de correos". Brendan O'Neill en The Spectator considera que las acusaciones realizadas contra Johnson de "islamófobo", nazi y racista son, en realidad, un retorno por la puerta de atrás de las leyes contra la blasfemia, creando un campo de fuerza moral en torno a la religión para protegerla de la crítica y del escepticismo. Afirma el autor que esto también apunta a una profunda confusión entre libertad y tolerancia entre los usuarios de los modernos medios de comunicación y expresión: "Parecen pensar que la sociedad no tiene sólo la responsabilidad de garantizar la libertad de fe de sus ciudadanos, sino que tiene también que respetar lo que sus ciudadanos creen. Esto es un craso error. En una sociedad libre, la gente debe tener el derecho de adoptar las convicciones religiosas o morales que consideren mejores, pero el resto de nosotros debemos tener el derecho de criticar o incluso ridiculizar estas convicciones. Eso es libertad en acción".

Imagen: John Williams

REVISTA DE PRENSA

En el diario ABC se indica que la Comisión Europea considera al sistema autonómico como el principal problema de España: la maraña legislativa interautonómica, propia de regímenes feudales y de nostálgicos de los derechos de portazgo, y la limpieza lingüística ejercida sobre el idioma español en ciertas autonomías dificultad el desarrollo y la movilidad de empresas y trabajadores. Todo responde a la dinámica de la oligarquía de partidos estatales de jibarizar a la sociedad civil haciéndola cada vez más dependiente del poder del Estado que ellos monopolizan.

En Francia el diario Marianne se hace eco del hashtag divulgado en Marruecos "sé un hombre, y cubre a tu mujer", que resulta una prueba añadida de que los islamistas quieren convertir el velo en la mortaja de los derechos civiles de las mujeres, algo imposible de aceptar en una República Constitucional; una legislación igualitarista en cuestión de derechos y laica impediría las ensoñaciones racistas de la petición de homogeneidad del sujeto constituyente. En este sentido, la negación de entidad sustantiva y cerrada que hace Gustavo Bueno de las llamadas esferas culturales, a las que atribuye una unidad fenoménica, contribuye a disipar esta ilusión totalitaria:

No cabe hablar, según lo que hemos dicho, por tanto, de conflictos de culturas, o de conflictos de civilizaciones; tampoco cabrá hablar de integración o de expansión de culturas. Todas estas expresiones habrían de ser reexpuestas en términos de conflictos de elementos culturales, o de integración, o de difusión de elementos o rasgos culturales. Por ello, quien considere a un elemento cultural (pongamos por caso, el sistema democrático) como universal, no podrá sin más ser acusado de etnocentrismo. Menos aún podrá ser acusado de etnocentrismo (o de monismo cultural) quien reconozca y defienda la universalidad del teorema de Pitágoras, como elemento desprendido, no ya de la cultura griega, sino de toda cultura, como estructura válida para todas las culturas, por encima de cualquier relativismo.

En Corriere della Sera Mario Garofalo analiza la propuesta de democracia directa del partido Cinque stelle a través de la plataforma digital Rousseau. El autor recuerda la afirmación de Norberto Bobbio de la imposibilidad de trasladar el sistema de democracia asamblearia directa de la Atenas periclea, integrada por unos seis mil individuos a las grandes naciones-estado actuales. El mismo Rousseau -afirma- negaba la posibilidad de la existencia de una democracia directa, al tiempo que negaba la democracia representativa, que debía residir, como recordaba Antonio García-Trevijano, en el proceso de deliberación. Por otra parte, esta increencia en el principio de representación afecta al propio autor del interesante artículo, quien, no consciente de su imposibilidad en el sistema electoral proporcional de listas cerradas o abiertas, considera que la demanda del partido Cinque Stelle del establecimiento del mandato imperativo, que llevaría a que los diputados que no cumplan el programa por el que fueron elegidos fueran revocados, como pedía también García-Trevijano, "es un peligro para la democracia por un simple motivo: vuelve a los parlamentarios controlables, no libres de actuar según el interés general". Es, ciertamente, la sombra del abate Sièyes la que sigue planeando sobre la intelectualidad europea, prorrogando en el tiempo la traición de la clase política al electorado como afirmaba el propio García-Trevijano:

Si una causa particular tuviera que explicar la traición general de la clase política al electorado, no podría ser otra que la prohibición del mandato imperativo. La Constitución es tan irresponsable que, desconociendo los fundamentos históricos de esa prohibición, la tomó de viejos textos constitucionales, sin darse cuenta de que la nueva representación proporcional se basa en el mandato imperativo de los jefes de partido. A quienes nada les importa que sean nulas todas las leyes emanadas del Congreso, por vulnerar esta prohibición constitucional.

La prohibición del mandato imperativo tuvo, en su origen, sentido revolucionario. Y hoy lo tiene completamente reaccionario. A finales de julio de 1789, Sieyès proclamó que la cuestión del mandato imperativo había quedado resuelta en la Asamblea Nacional de 17 de junio, porque la Nación no recibe órdenes de nadie. A esta razón teórica se unió la razón práctica de que el mandato imperativo que recibían sus representantes en los “cahiers de doléances” (Reforma), no contemplaba la Declaración de Derechos ni la separación del ejecutivo y el legislativo (Revolución). El sentido jurídico del viejo mandato representativo fue transformado en libre representación política, sin mandato ni delegación, es decir, en “soberanía representativa”, por utilizar la misma expresión que Sieyès.

En la cátedra española se enseña la falsedad de que la prohibición del mandato imperativo obedece a la necesidad de respetar la independencia de los legisladores, cuando jamás ha tenido esa motivación. En su origen, la prohibición fue concebida como una improvisación, para permitir la Revolución de la libertad y la separación de poderes, no previstos en los mandatos del electorado. Ahora se proclama la prohibición para impedir el mandato revolucionario de los electores; y se deroga en la práctica para mantener la dependencia del poder legislativo respecto del gobierno.

Imagen: Albert Engstrom